La Conferencia Episcopal Española hace pública, en su página web, la Instrucción sobre abusos sexuales para la protección de menores y personas vulnerables en la que los obispos españoles asumen el compromiso de “adoptar los mecanismos procedimentales que permitan prevenir y combatir estos crímenes que traicionan la confianza de los fieles y causan daños físicos, psicológicos y espirituales”.

Fuente: Vatican News

Este martes se ha hecho pública la Instrucción de la Conferencia Episcopal Española sobre los abusos sexuales de menores y personas vulnerables, después de casi cuatro años de trabajos. Se trata de un documento que nace con carácter de Instrucción y tiene fuerza de Normas y no solo de orientaciones en el que se explican y desarrollan los mecanismos jurídico-procesales del derecho de la Iglesia que son obligatorios y vinculantes para todos los obispos diocesanos, superiores mayores de los institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica clericales.

“Una de las responsabilidades más importantes del obispo diocesano es la de proteger y asegurar el bien común de los fieles, especialmente de aquellos amados con predilección por Jesús: los más pobres y necesitados, los menores, los que habitualmente tienen un uso imperfecto de razón y aquellos otros a los que el derecho reconoce igual tutela; todo ello es parte integrante fundamental de la misión de la Iglesia”. Con esta aclaración comienza el preámbulo de la Instrucción sobre los abusos sexuales de menores y personas vulnerables, añadiendo que, “el ordinario ha de velar para que en la vida eclesial cada niño, joven, adulto o anciano encuentre las condiciones idóneas, de manera que pueda participar en un ambiente «sano y seguro», de modo que su dignidad y sus derechos se vean respetados, y de ningún modo puedan verse amenazados por ninguna persona y en ninguna circunstancia”.

Los obispos españoles piden perdón y se comprometen con la realización de la justica

Por tanto, en dicho documento se determina que la Iglesia “debe asumir el compromiso de hacer cuanto sea menester —desde criterios de justicia y caridad— para prevenir y, en la medida de lo posible, paliar el mal terrible que se deriva de las faltas que, en el seno de la Iglesia, hayan cometido o puedan cometer contra los más pequeños algunos sacerdotes, consagrados o laicos con funciones concretas u oficios específicos, ocasionando un daño que afecta directamente al entero pueblo de Dios”. Además, explica cuál es la ratio y el telos de esta Instrucción: en primer lugar, “pedir perdón a las víctimas y familiares” y en segundo lugar “la búsqueda de la verdad y la realización de la justicia, ello tanto en el ámbito canónico como en el ámbito civil”.

Así mismo, se deja constancia de que este Documento, como corresponde a su naturaleza, tendrá rango de instrucción, a fin de facilitar el cumplimiento de la normativa penal y procesal vigente en materia de delitos de abusos sexuales contra menores de edad, contra quienes habitualmente tienen un uso imperfecto de razón o contra aquellas personas a las que el derecho reconoce igual tutela, todo ello en el ámbito territorial de la Conferencia Episcopal Española, de forma complementaria al Código de Derecho Canónico y a la restante legislación canónica universal relativa a la materia.

Los obispos españoles animan a las víctimas a ejercer su derecho a denunciar ante las autoridades estatales

Los obispos españoles aseguran en dicho Documento que, teniendo en cuenta que las conductas que se persiguen no constituyen solo un delito canónico, “reafirman el principio de colaboración con la justicia secular, comprometiéndose a respetar e incluso alentar el que las víctimas ejerzan el derecho de actuar según su conciencia en lo que se refiere a la denuncia ante las autoridades estatales, sin excluir la posibilidad de que la propia diócesis o el instituto pueda, en su caso, personarse en el proceso penal correspondiente”. De hecho, la eventual investigación canónica que, en aplicación de este Documento, se pueda llevar a cabo “no obstaculiza la que se pueda realizar ante las autoridades civiles, más bien todo lo contrario” aclaran.  

No hay lugar en el sacerdocio para quienes abusan de menores

Tomando como premisa las palabras de Juan Pablo II a los cardenales americanos en 2002: “No hay lugar en el sacerdocio para quienes abusan de menores, y no hay pretexto alguno que pueda justificar este delito”, este Documento reconoce que “entre las actitudes más repudiables en el ministerio y la vida de un sacerdote, se encuentra el autoritarismo, el abuso de poder y, de modo muy especial, el abuso sexual contra menores, contra quienes tienen habitualmente un uso imperfecto de razón y contra aquellos a los que el derecho reconoce igual tutela”. Por ello, aprendiendo de las amargas lecciones del pasado y mirando al futuro con esperanza, los obispos españoles asumen el compromiso de “adoptar los mecanismos procedimentales que permitan prevenir y combatir estos crímenes que traicionan la confianza de los fieles” y que “causan daños físicos, psicológicos y espirituales a las víctimas” perjudicando a la comunidad de fieles, pues se trata de “situaciones extremadamente dolorosas e inaceptables”.